• Alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado, asegura no oponerse al aumento salarial, pero solicita tiempo mientras la Contraloría General de la República analiza el caso.
José Luis Cojal Estrada / Periódico Gente
TIBÁS. En momentos donde el costo de vida golpea a la población, una huelga municipal genera opiniones divididas. Esta vez, el conflicto involucra a los empleados municipales de Tibás y a su alcalde.
El Periódico Gente, que ha seguido de cerca este diferendo, presenta las posiciones tanto de los trabajadores como del jerarca municipal.
- Sindicatos reclaman incumplimiento
Según explicó Krislin Castro, Secretaria General del Sindicato de Innovación y Equidad Municipal (SIEM), la huelga que inició el martes 02 de diciembre responde al incumplimiento del pago del reajuste salarial del 3,25%, aprobado el 22 de julio.
“El Concejo Municipal aprobó por mayoría calificada el ajuste retroactivo a enero de 2025. Sin embargo, la Municipalidad no ha ejecutado el pago ni ha respondido a las solicitudes formales enviadas desde finales de octubre”, señaló Castro.
- Alcalde: “No me opongo, solo pido tiempo”
Por su parte, el alcalde Alejandro Alvarado afirma que la huelga surge por un conflicto laboral asociado a la suspensión temporal del reajuste.
“La suspensión busca analizar jurídica y técnicamente si el ajuste salarial procede según la normativa aplicable a este tipo de incrementos por costo de vida”, indicó.
Alvarado informó que en noviembre remitió un oficio al Concejo Municipal solicitando un análisis legal y técnico para brindar certeza al personal. Reiteró que no se trata de un tema de negociación, sino de garantizar que, de aprobarse el pago, se realice conforme a derecho.
“No tengo ningún interés en afectar a los funcionarios. Se trata de un análisis necesario para asegurar que, si corresponde pagar, se haga correctamente porque son fondos públicos”, enfatizó.
El alcalde añadió que también debe velar por la estabilidad financiera de la Municipalidad. Por ello, manifestó preocupación ante la Contraloría General de la República respecto a si existe la reserva presupuestaria suficiente para cubrir el ajuste y evitar eventuales devoluciones de pagos mal ejecutados. Asimismo, busca asegurar contenido presupuestario para el 2026.
- Invita a diálogo
Alvarado aseguró estar abierto a continuar con las mesas de diálogo e invitó al SIEM a buscar acuerdos.
“Esto no se trata de afectar al personal ni es un asunto político. Es un análisis jurídico y técnico. Nunca dije que estuviera en desacuerdo con el pago; la medida cautelar aprobada por la administración y el Concejo solo pretende garantizar claridad legal. Entiendo la molestia de los empleados, pero buscamos una solución que beneficie a todos”, concluyó.