• La Asociación Bancaria Costarricense endurece su rechazo a la iniciativa y advierte riesgos para la seguridad jurídica y la lucha contra el crimen organizado.
SAN JOSE, Costa Rica. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) elevó el tono contra el proyecto de ley conocido como expediente 23.908 —“Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada”— y confirmó que mantiene una posición de rechazo frontal a la propuesta aprobada en primer debate por la Comisión Plena III.
El gremio sostiene que el texto es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no ataca de forma estructural al crimen organizado detrás de las estafas electrónicas.
Ruptura en el sector bancario
En un movimiento que marca un punto de inflexión para el sector, la ABC lamentó la decisión del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio.
La Asociación advirtió que la salida de estas entidades —históricamente pilares del Sistema Bancario Nacional— debilita la construcción de posiciones técnicas conjuntas y ocurre en un momento crítico del debate regulatorio.
No obstante, la ABC afirmó que las preocupaciones sobre el proyecto son compartidas con la banca pública, por lo que considera indispensable mantener la discusión técnica para proteger la estabilidad financiera y la confianza en el sistema.
√ ABC anuncia acciones internas
Ante el nuevo escenario, la Asociación informó que gestiona acciones internas para resguardar la representatividad del gremio y del Sistema Bancario Nacional, aunque no detalló públicamente las medidas específicas.
El gremio reiteró que el país sí requiere un marco legal para enfrentar las estafas electrónicas —que afectan tanto a usuarios como a entidades financieras—, pero insistió en que la legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas y con un reparto equilibrado de responsabilidades.
√ Llamado al Congreso
La ABC aseguró que continuará participando activamente en el debate legislativo y pidió que la discusión se enfoque en perseguir y sancionar a las estructuras criminales, en lugar de trasladar cargas desproporcionadas al sistema financiero.
El gremio concluyó que Costa Rica necesita una regulación razonable, proporcional y técnicamente robusta que proteja a las personas usuarias sin debilitar la confianza en el sistema bancario.