• La CGR, en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, señaló deficiencias en los servicios ofrecidos por el CNP a entes públicos
Si la calidad se mide por la satisfacción del cliente, el servicio de intermediario que ofrece el Consejo Nacional de Producción a las Escuelas, Colegios, CEN – CINAIs, Hospitales, cárceles, entre muchas otras instituciones; no cumple con ese objetivo. Las instituciones quieren que sus usuarios, disfruten de una alimentación de primera calidad, por la alta inversión de recursos públicos en este objetivo.
Veamos la realidad, el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, señala que “los entes públicos están obligados a proveerse de los suministros que ofrezca esa entidad.” Esta regla va contra la autonomía institucional. En primera instancia porque no permite crear oportunidades de ahorro en la adquisición de productos alimenticios, pagando sobreprecios al CNP y desfinanciamiento a los presupuestos institucionales. En Segunda Instancia, el pésimo servicio en las entregas y la calidad de los productos.
La Contraloría General de la República, en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, señaló deficiencias en los servicios ofrecidos por el CNP a entes públicos. La propuesta es que se abra la opción de comprar a proveedores externos fuera del CNP, mediante una reforma a la Ley 2035, tanto para las Juntas de Educación como otras instituciones, con la finalidad de satisfacer el Fin público de los usuarios de estas entidades.
No es posible que internos de hospitales y cárceles, estudiantes de escuelas, colegios y Cen – Cinai, a última hora, se les diga que no hay comida, porque los proveedores del CNP, no trajeron, carne, pollo o simplemente no hay arroz, frijoles y aceite. O que la fruta y verdura, llegó en mal estado, no hay tiempo de reacción por que hay que presentar la queja en la plataforma PAI, para que haga los ajustes y autoricen para una compra externa, ya muy tardía.
Pero el problema no acaba ahí, cuando se debe cancelar al proveedor externo, se nos dice que no se pueden usar fondos públicos para comprar alimentos que no sea el CNP. Entonces, que hacemos.
Estamos ante el descaro más impune , de la legalidad y cómplice de la injusticia. Ya es hora que valga la pena levantar la voz para que las y los Diputados aprueben esta reforma y el nuevo Presidente Ejecutivo, haga los ajustes necesarios para dejar de perjudicar a la niñez y la juventud costarricense.
