Este lunes fue presentado el Proyecto de Ley para prohibir toda práctica ilegal de comercialización, distribución, realización y venta de loterías ilegales, rifas no autorizadas o juegos de azar ilegales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca, mediante el combate a esos juegos de azar que operan al margen de la ley, aumentar las utilidades de la lotería estatal para, a su vez, incrementar la inversión en programas de bienestar social para personas en vulnerabilidad y pobreza.
El proyecto tipifica y sanciona con penas de multa y cárcel a quienes promuevan, financien, vendan o compren loterías o rifas ilegales o clandestinas. La propuesta es impulsada por la Junta de Protección Social (JPS), entidad que administra de forma exclusiva la lotería estatal. Asimismo, cuenta con el respaldo de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, y con las firmas de hasta el momento 38 diputados de 7 fracciones legislativas.
Con respecto a las penas, estás van de cuatro a ocho años y las multas se definen con base en el salario mínimo y van desde uno hasta diez salarios. (Ver anexo con detalle de sanciones)
“Esperamos que la lucha contra el juego de azar ilegal incida en un incremento en las utilidades que genera la Junta de Protección Social para invertir en más de 400 programas sociales destinados a las personas en vulnerabilidad y pobreza que funcionan en todo el territorio.”, afirmó Delia Villalobos, Presidenta de la Junta Directiva de la JPS. Además, agregó que “esto es un robo a las poblaciones en vulnerabilidad y pobreza y la Junta espera recuperar la mayor proporción posible de ese mercado. Entre el 2010 y 2015 la Junta transfirió, en promedio, 25 mil millones de colones a los programas sociales”.
Por su parte, la Vicepresidenta Chacón, señaló que este es un proyecto que nos permite perseguir la venta de lotería ilegal, la cual le roba millones de colones anualmente a la Junta de Protección Social, quien ayuda a más de 400 programas sociales vinculados con personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad, personas con VIH-SIDA, privados de libertad, etc. Al no poder perseguir a los que incurren en estas prácticas, por la carencia de una pena expresa, es que celebramos estas acciones propositivas.
Un estudio privado (*) del año 2013 indica que las loterías ilegales lograron generar alrededor de 100 mil millones de colones.
Con esta iniciativa se favorece el fisco, pues al aumentar las ventas la JPS incrementará el monto del pago de impuestos de forma proporcional. También favorece a las personas vendedoras de loterías (alrededor de 3 mil entre vendedores de loterías pres impresos y electrónicos), que tienen en esta actividad un ingreso asegurado para su manutención y la de sus familias.
Además, dentro de los motivos del proyecto de ley, Costa Rica debe seguir vigilante y cerrar portillos al ingreso, generación y uso de capitales de dudosa procedencia que buscan legitimación, corrupción agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.