Costa Rica alcanzó en el 2016 la cima de su evaluación en materia de libertad de prensa, en la lista mundial elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El país se ubicó en la posición 6 entre 180 países en la clasificación sobre el grado de libertad que existe en el planeta para el ejercicio periodístico.
Se trata de la mejor ubicación de Costa Rica en esta clasificación que RSF elabora cada año desde el 2002. Además, el país es el mejor calificado en el continente, superando a Jamaica, que se ubica en la posición 10, a Canadá en la 18 y a Uruguay en la 20.
Para realizar esta clasificación, RSF elabora un índice mundial, para evaluar el desempeño general de los países en materia de libertad de prensa. Se elabora un cuestionario en el que se abordan temas como pluralismo, independencia de medios de comunicación, ambiente para que los periodistas realicen su labor, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura para producir la información. Esto se complementa con un registro de RSF de las agresiones y ataques contra los periodistas.
En la edición del 2016, Costa Rica subió diez lugares en la clasificación, pasando del puesto 16 en el 2015 al puesto 6. Es la posición más alta del país en estas mediciones, la primera vez que se ubica en el top ten mundial en libertad de prensa.
En las mediciones anteriores, su mejor ubicación había sido la posición 15 en la primera edición de esta clasificación, en el 2002. Posteriormente descendió a la posición 41 en el 2005, para iniciar una recuperación que se volvió a interrumpir en el 2009 con una nueva caída.
Esta evolución fue calificada como muy satisfactoria por el Ministro de Comunicación Mauricio Herrera, quien destacó la voluntad de la administración del Presidente Luis Guillermo Solís por impulsar cambios que permitieran el fortalecimiento del libre ejercicio de la prensa.
El Ministro Herrera explicó que se trabaja en una legislación que promueva un mayor acceso a la información pública y una cultura de transparencia en las labores oficiales, con límites claros al uso de la pauta publicitaria estatal para que no se use como premio o castigo, y reformas al Código Penal para evitar la criminalización de las denuncias ciudadanas de interés público.